Detalle nota de prensa - Comunica GVA

La Generalitat ha hecho pública tras diecisiete años de opacidad toda la información relativa a las cinco concesiones administrativas sanitarias que suscribió el anterior gobierno y que ya están a disposición de toda la ciudadanía en el Portal de Transparencia GvaOberta (http://gvaoberta.gva.es/va/), según han explicado en una comparencia conjunta la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, y el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz.

En concreto, se trata de los contratos para privatizar la gestión de la asistencia sanitaria en los hospitales de La Ribera, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche, que fueron firmados entre 2003 y 2010 y afectan a las prestaciones sanitarias de casi un millón de valencianos, en torno al 20% de la población valenciana.

Alcaraz ha resaltado el "valor informativo y simbólico de publicar por fin en el Portal de Transparencia una documentación que afecta a una materia tan sensible como la salud y que, en este caso, arroja luz para entender qué ha sucedido con la sanidad en la Comunitat Valenciana durante años", tras preguntarse "qué había en esos documentos que no se podía hacer público pese a las peticiones de los grupos parlamentarios durante tanto tiempo".

Asimismo, ha dicho que "temas que afectan a derechos fundamentales, como la sanidad, no pueden analizarse estrictamente desde la economía porque quienes representamos a la administración pública no queremos obtener beneficios económicos, sino garantizar derechos fundamentales en las condiciones óptimas de calidad".

Ausencia de régimen sancionador

La consellera de Sanitat ha destacado que "uno de los aspectos que llaman la atención en los contratos es la renuncia de la Administración a contar con una capacidad sancionadora clara ante posibles incumplimientos o actuaciones potencialmente punibles, ya que no incluyen un régimen de penalizaciones pormenorizado".

Esta falta de un régimen detallado de penalizaciones dificulta, según Montón, "tanto la imposición de sanciones como, eventualmente, justificar una posible resolución anticipada del contrato".

En ese sentido, ha anunciado que Sanitat intentará incorporar en los contratos un listado de penalizaciones "con la voluntad de que existan unas reglas de juego claras ante el incumplimiento de las cláusulas que establece el contrato y los pliegos".

La conselllera ha explicado que la documentación publicada evidencia que "nunca se ha realizado una auditoría de cuentas; nunca se realizó una auditoria de inversiones; y lo que es peor, nunca se realizó una auditoría asistencial que garantizase la equidad en prestaciones ofertadas por las concesiones respecto de los departamentos de gestión pública", pese a estar previsto que el adjudicatario se sometiera a una auditoría integral anual realizada por la Generalitat Valenciana.

"Como saben, el Pacte del Botànic habla de auditar las concesiones administrativas sanitarias y estudiar las vías adecuadas que permitirían la reversión completa", ha recordado Montón, "y en ello estamos, pues se han comenzado a realizar auditorías de inversiones y en breve comenzarán las auditorías asistenciales para comprobar cómo funcionan los servicios de urgencias en los departamentos donde funcionan las concesiones administrativas".

La consellera ha detallado las diferentes medidas fiscalizadores, algunas con la colaboración de la Intervención General y la Sindicatura de Comtes, para asegurar el " control, supervisión rigurosa y transparencia para rendir cuentas a la ciudadanía sobre este modelo del que apenas ha habido información fiable desde que se puso en marcha".

Por último, Alcaraz ha indicado que la transparencia y la sanidad pública universal y gratuita "son un compromiso político y nosotros nos vamos a abonar esa imagen que existe tan extendida entre la ciudadanía de que los políticos hacemos promesas para luego no cumplirlas, nosotros hemos hechos promesas en esta materia y las vamos a cumplir".