Detalle nota de prensa - Comunica GVA

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha asistido a la presentación del Estudio-Diagnóstico sobre la exclusión residencial de colectivos vulnerables: población migrante y racializada en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

El vicepresidente ha advertido que el 86 % de las personas migrantes consideran difícil acceder a una vivienda digna y el principal problema es el precio del alquiler. Además, esta población se enfrentan a otras trabas y limitaciones que van más allá de la barrera económica. “Tienen más problemas para fijar una residencia porque se encuentran con dificultades con el empadronamiento, que a menudo les pide documentación que no pueden aportar, entrando en un círculo burocrático con pocas salidas”.

Héctor Illueca ha recordado que desde la Vicepresidencia Segunda siempre se ha considerado la derecho a la vivienda como “la puerta de entrada de toda una serie de derechos” que no se pueden disfrutar sin tener garantizado este. Por eso, “necesitamos políticas de vivienda que sean transversales y eficaces: que tengan un conocimiento amplio de las realidades en las cuales quieren incidir”.

Ahí cobra especial relevancia la labor realizada desde el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana (OHSU) y la colaboración de las personas y entidades que han participado en este estudio para conocer más en profundidad la situación real de las personas migrantes.

Un conocimiento que permitirá actuar y que también incluye un “valiosísimo apartado de propuestas y recomendaciones para mejorar las políticas públicas”. Unas recomendaciones que hay que tender y que implican mejorar la accesibilidad en la gestión y los trámites, tratar con una perspectiva inclusiva y interseccional los grupos de personas en situación de vulnerabilidad, continuar ampliando el parque público de vivienda o luchar contra la brecha digital, que dificulta, por ejemplo, que les lleguen las ayudas al alquiler.

Comisión técnica

El estudio es resultado de la Comisión Técnica de Migración y Vivienda creada en 2020 en el Pleno del OHSU de la Dirección General de Emergencia Habitacional, para analizar la población migrante en el territorio valenciano y ver qué políticas en materia de vivienda se podían llevar a cabo para mejorar su situación.

Esta comisión está compuesta por miembros del Pleno del OHSU y aquellas organizaciones que se han querido incorporar. Además, han colaborado con su experiencia y estudios todas las organizaciones no gubernamentales con que trabajan con migrantes en la Comunitat, expertos de la Universitat de València, psicólogos de organizaciones de migrantes y de la Administración Pública y distintas direcciones generales que han trabajado este tema.

El secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, ha señalado que una de las conclusiones importantes de este estudio es que la situación de los migrantes “no es un problema unidireccional, ni único en materia de vivienda, sino que es una situación transversal que requiere de la participación de muchos agentes”.

Además, ha explicado que la Ley de la Función Social “nos obliga a atender a los más vulnerables y en los dos o tres años que los migrantes tardan en regularizar su situación, debemos generar unas ayudas temporales de emergencia para cubrir ese espacio”.

Según la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, este estudio elaborado por el OHSU, en colaboración con València Acull y la comisión técnica, ha sido participado mediante metodologías cuantitativas y cualitativas de encuestas a las personas migrantes que residen en nuestro territorio.

Pura Peris ha señalado que “aún nos queda mucho por trabajar para poder atender como se debe a esta población con inseguridad jurídica y desconocimiento de la lengua”. A ello hay que sumarle que la mayoría padecen abusos porque “les hacinan en habitaciones ya que desconocen si les hacen arrendamientos correctos o no y no se atreven a denunciar”.

Tal y como ha dado a conocer el vicepresidente, el estudio revela que el 86 % de las personas encuestadas considera que es muy difícil el acceso a una vivienda, especialmente las personas de origen africano y americano.

Además, la no regulación del mercado privado de la vivienda está permitiendo un incremento de la demanda, lo que aumenta el precio del alquiler unido al incremento de los intereses al 2 %. Por estas condiciones esta población acaba en manos de mafias.

Observatorio de la Vivienda

En el Pleno del Observatorio tienen representación los secretarios autonómicos y directores generales de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol, el Instituto Valenciano de la Edificación, el Instituto Cartográfico, de Urbanismo, de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos, de Atención Primaria y Autonomía Personal.

Asimismo, cuenta con representantes de la Plataforma de Afectados Antidesahucios; la Unión de Consumidores; el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria; el Colegio Oficial de Arquitectos; la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores; la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.