Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

El Consell aprueba un convenio con la Sociedad de Evaluación de Políticas Públicas para determinar el cumplimiento de compromisos del Open Government Partnership

25/11/2022
  • Los miembros de la OGP tienen que contar con un ente de monitorización que llevará a cabo una evaluación independiente del plan de acción

El Consell ha aprobado el convenio de colaboración entre la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el plan de acción para la Open Government Partnership (OGP).

La Generalitat se ha incorporado recientemente a la OGP, organismo internacional que reúne gobiernos, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado para promover una gobernanza transparente, responsable, inclusiva y participativa, que asegure la rendición de cuentas.

Ser miembro de esta organización implica el desarrollo e implementación de un plan de acción compuesto principalmente por una serie de compromisos de gobierno abierto, elaborado con la participación activa de la ciudadanía y de actores no gubernamentales.

Asimismo, los miembros de OGP tienen que contar con un ente de monitorización que llevará a cabo una evaluación independiente del plan de acción.

En este caso, la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, organización sin ánimo de lucro, será la encargada de realizar esta tarea. Para ello, realizará una evaluación inicial que ofrezca un diagnóstico sobre el proceso, así como sobre la calidad del diseño de los compromisos iniciales; efectuará una evaluación de la puesta en marcha de los citados compromisos a través de un análisis de resultados; y finalmente se identificarán y analizarán las lecciones aprendidas durante el proceso y el resultado del mismo al finalizar el plan de acción.

La evaluación inicial se realizará antes del 31 de diciembre de 2022. La aplicación del convenio no tiene repercusión económica para ninguna de las partes.