Detalle nota de prensa - Comunica GVA

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha informado que el Pleno, celebrado este viernes en  Orihuela, ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para interponer un recurso contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos, que incluye el recorte del trasvase del Tajo-Segura.

Mas ha puntualizado que la autorización para este recurso se ha producido en el momento adecuado, una vez publicado el texto de forma oficial en el BOE y analizado su contenido, y ha apuntado que el Consell “ha actuado con total diligencia y sobre todo en favor de los intereses de los valencianos y las valencianas”.

“Somos un Gobierno serio y riguroso” -ha afirmado- que “no hace política ficción. Teníamos que esperar a que se publicara ese Real decreto antes de presentar el recurso ”.

“Al Consell le mueve la rigurosidad y la seriedad”, porque “somos un Gobierno y los gobiernos actúan de forma responsable. Por eso, tenemos que recurrir aquellas políticas que sean contrarias a los intereses de los valencianos y valencianas, pero una vez sabemos qué políticas nos perjudican. Lo demás es un acto de fe”.

Cabe señalar que el pasado 10 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto, cuya Disposición Adicional 9.ª, en su versión enviada al Consejo de Estado y aprobada por el Gobierno de la Nación, no cumple adecuadamente la función coordinadora para la cual fue concebida en origen ya que su redacción no se corresponde con el texto que se sometió a consulta pública previa y a información pública, ni con el que se debatió y votó en la sesión del pasado 29 de noviembre en el Consejo Nacional del agua.

Tras no ser incluidas las alegaciones presentadas por el Consell al texto antes de su publicación en el BOE, por no ser conforme a derecho, y por los perjudiciales efectos socioeconómicos que podrían derivarse de su aplicación, así como la falta de rigor técnico en los cálculos y determinación del régimen de caudales ecológicos a aplicar, el Consell autoriza a la Abogacía a interponer contra este Real decreto.

Decreto ley contra los abusos inmobiliarios

Por otra parte, Aitana Mas ha informado que el Pleno del Consell ha aprobado este viernes también el Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes “para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial en la Comunitat Valenciana y para evitar abusos en el ámbito inmobiliario, que se han visto agravadas por las consecuencias de la guerra en Ucrania”.

Mas ha señalado que este texto “está motivado por los efectos que la actual situación de inflación y la subida de los tipos de puede tener a corto plazo, con consecuencias graves en la economía de las familias, pudiendo generar una importante crisis social de pérdida y de falta de acceso a la vivienda”.

El Decreto Ley ha sido explicado por el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, quien ha señalado que, en este campo, hasta el momento “existía una laguna que se llena hoy” ya que las conductas abusivas en el mercado inmobiliario “aparecen ahora ya tipificadas y van a tener el reproche social adecuado con multas de hasta 950.000 euros”

Esta cifra es “bastante elocuente de la voluntad política del Gobierno valenciano de combatir el acoso inmobiliario y los abusos que se producen como consecuencia del acoso y de las discriminaciones que se constata que existen en el ámbito inmobiliario”, ha añadido Illueca.

El vicepresidente ha señalado que este régimen se acompaña, además, de aun adecuado sistema de inspección “para garantizar la eficacia de la normativa en materia de vivienda, con personal funcionario provisto de facultades que les van a permitir verificar el cumplimiento efectivo de las normas, reaccionar frente a los casos de incumplimiento y hacerlo de una forma planificada y organizada desde la Administración”.

Asimismo, “se apuesta por una mayor transparencia en el ámbito inmobiliario con la creación de un registro de grandes tenedores que aportará información valiosa sobre su actividad y sobre su identidad, lo que va a contribuir a un saneamiento de las actividades inmobiliarias”.

Por otra parte, se regula la actividad de los grandes tenedores y se introduce alguna obligación adicional como la posibilidad de la Administración de recabar la cesión obligatoria del uso de viviendas deshabitadas que estén en manos de grandes tenedores en casos excepcionales que así lo requieran.

Illueca ha apuntado, asimismo, que también se introducen medidas, dentro de las competencias de la Generalitat, “de apoyo, acompañamiento, asesoramiento integral a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que saben que van a tener la mano tendida de la Generalitat para tratar de ayudarles a encontrar una salida para lo que se da carta de legalidad a la Unidad Antidesahucios que venía funcionando con una probada eficacia, creando un nuevo protocolo de actuación”.

Proyecto de Ley contra la contaminación lumínica

El Consell ha dado el visto bueno, asimismo, al proyecto de Ley de protección lumínica del medio nocturno en la Comunitat Valenciana, una vez emitido el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, para su remisión a Les Corts con el fin de que pueda continuar con su tramitación parlamentaria.

La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Isaura Navarro, ha explicado que el objetivo de esta norma es “preservar las condiciones naturales de los espacios durante las horas nocturnas en beneficio de las personas, la fauna, la flora y los ecosistemas”, minimizar y corregir “los efectos de la contaminación lumínica en la visión del cielo nocturno”.

Asimismo, se pretende reducir “la intrusión lumínica, principalmente en entornos naturales y en el interior de los edificios” y “contribuir a la lucha contra el cambio climático mediante la promoción de la eficiencia y el ahorro energético de los sistemas de iluminación”.

Para ello, el texto prevé, entre otras medidas, la aprobación de un mapa de la protección contra la contaminación lumínica, que dividirá el territorio en 4 tipos de zonas con diferentes limitaciones de acuerdo con el uso predominante del suelo, las características del entorno natural, y su valor paisajístico o astronómico.