Detalle nota de prensa - Comunica GVA

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Más, ha destacado que el nuevo decreto de tipología de los Servicios Sociales “garantiza que las personas usuarias de los centros públicos y concertados recibirán una mejor atención”.

Asimismo, ha asegurado que esta mejora de la atención se producirá “sin que haya ningún copago ni suponga ni un euro más a las personas que reciben las prestaciones vinculadas a estos servicios” y ha insistido en que la Generalitat “asumirá el incremento de los costes” que se pueda derivar de la mejora de las condiciones del servicio de forma que “nunca va a repercutir sobre las personas usuarias”.

Mas ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Pleno del Consell en el que hoy se ha aprobado el decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, y que desarrolla la Ley de Servicios Sociales Inclusivos aprobada en 2019.

La vicepresidenta ha señalado que con este decreto “traducimos a una norma los aplausos de los balcones en la pandemia al personal de los servicios, los recursos y a los derechos de las personas”, “regulando y ordenando un sistema que estaba completamente desestructurado, que tenía unas normativas diferentes y que ahora centralizamos en un solo decreto”.

El decreto garantiza “la mejora de las ratios, adaptándolas a los acuerdos con el resto de comunidades autónomas y con el Ministerio, y la calidad de las prestaciones que se ofrecen en estos centros, con una estimación económica para las plazas públicas y concertadas de 137 millones de euros hasta 2027” por lo que, “vamos a ver cómo las condiciones y la calidad de vida de las personas que están en estos centros mejoran sustancialmente”.

Además, ha destacado que con este decreto se está “creando ocupación, con una previsión de más de 4.600 nuevos puestos de trabajo, con lo que el Consell contribuye a poner en el centro de la creación de empleo la economía generada por los servicios sociales y la atención a las personas que están en situación de vulnerabilidad o que requieren de estos cuidados”.

Esto significa que “doblamos el personal que trabaja en la atención directa en los centros residenciales y ponemos fin a las macrorresidencias, apostando por un nuevo modelo basado en las unidades convivenciales más pequeñas, que se parezcan más a un hogar”.

Asimismo, ha señalado que e trata de una medida “feminista”, teniendo en cuenta que se trata de un sector altamente feminizado, que “pone la autonomía de las personas, los cuidados y la vida en el centro, mejorando las condiciones en las que están muchas personas tanto usuarias como trabajadoras.

Proyecto de Ley de Barrios

Por otra parte, el Consell ha aprobado también para su tramitación en Les Corts el proyecto de Ley de Barrios de Protección Pública de la Comunitat Valenciana, cuyo contenido ha sido explicado por el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, quien ha señalado que esta norma “será una herramienta jurídica encaminada a favorecer el cumplimiento del deber de las instituciones públicas de intervenir para  revertir las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad que se producen en los territorios”.

En la Comunitat Valenciana “más de un millón de persones viven en espacios urbanos sensibles, es decir, en áreas vulnerables tanto por la situación socioeconómica, como residencial y de carencia de acceso a servicios públicos. Con esta ley será posible una intervención pública más rápida y eficaz para mejorar su cotidianidad y fortalecer la vida en común, prestando atención a cuestiones tan fundamentales como la integración de la diversidad”.

Asimismo, ha destacado que permitirá impulsar, con mayor eficacia, “políticas públicas orientadas a continuar ampliando los derechos sociales básicos y la consolidación de las ciudades como espacios integradores que facilitan la vida cotidiana de todos y todas”.

Con este marco jurídico se creará un fondo de garantía por barrios que se dotará anualmente “con el 1% de los presupuestos de la Generalitat y que nos permitirá mejorar nuestros barrios con más inclusión, más servicios públicos y más regeneración urbana”.

Proyecto de Ley de Accesibilidad Universal

Asimismo, Aitana Mas ha informado que el Pleno ha aprobado el proyecto de Ley de Accesibilidad Universal Inclusiva de la Comunitat Valenciana con el objetivo de “garantizar el pleno desarrollo de una vida autónoma, participativa e independiente para todas las personas, accesible, comprensible y segura, y con independencia de su condición física, sensorial, intelectual o cognitiva.

“Todas las personas tenemos el derecho a acceder, en condiciones de igualdad y sin discriminación, a mediados de comunicación, en espacios públicos urbanizados o naturales, al transporte, a los diferentes corderos y servicios, a la administración pública, a la justicia o a la ocupación” ha afirmado.

Por lo tanto, esta ley “pretende garantizar, en condiciones de igualdad, el derecho a la movilidad, el derecho a una comunicación accesible y en una vida autónoma, exigiendo las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de todos los espacios públicos y edificaciones, medios de transporte, servicios de comunicaciones, oficinas públicas y servicios a disposición de la ciudadanía o del público.