Detalle nota de prensa - Comunica GVA
El Consell autoriza un convenio con la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas para facilitar el acceso a una vivienda digna
- La finalidad es erradicar el barraquismo, reducir la infravivienda, facilitar el acceso a una vivienda digna y mejorar el entorno urbano
- La subvención asignada asciende a 250.000 euros
El Consell ha autorizado la suscripción del convenio entre la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (FAGA) para facilitar el acceso a la vivienda a la población gitana.
La aportación de la Generalitat concedida a este convenio alcanza los 250.000 euros, recogida en los presupuestos del ejercicio actual perteneciente al programa ‘Emergencia Habitacional y Función Social’.
El propósito del acuerdo es la financiación de acciones que se encuentran enmarcadas en la ‘Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión del Pueblo Gitano 2018-2023’, que incluye cuatro objetivos.
La primera de las metas consiste en realizar un diagnóstico de la población gitana en materia de vivienda.
La segunda finalidad persigue erradicar el barraquismo y reducir la infravivienda entre la población gitana; otro de los fines promueve facilitar el acceso de las personas gitanas a una vivienda digna; el último de los objetivos pretende conseguir la mejora de las condiciones de vida de los barrios y acabar con la segregación.
Anteriormente, se estableció la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana (2012-2020), puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, según directrices marcadas por la Unión Europea para la implantación de esta población, que ha producido una mejoría en las condiciones de muchas familias gitanas con respecto al acceso a viviendas normalizadas y equipamientos básicos en los hogares.
No obstante, todavía persisten ciertos retos como la supresión del barraquismo, el alto grado de ocupación de viviendas y problemas de precariedad de equipamientos y deterioro tanto de las viviendas como de los entornos urbanos.
El acuerdo se hará efectivo en el momento de la firma y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.