Detalle nota de prensa - Comunica GVA

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha destacado que “los presupuestos de la Conselleria de Justicia e Interior se han elaborado siguiendo los principios de respeto a todos los que pagan impuestos con su trabajo y esfuerzo, la coherencia con las necesidades reales de los ciudadanos, y el análisis crítico de las partidas existentes para eliminar gasto superfluo”.

En este sentido, la titular de Justicia e Interior ha anunciado para 2024 “unos presupuestos que sientan las bases de una gestión responsable, basada en el tratamiento eficiente del dinero público para atender las necesidades reales de alicantinos, castellonenses y valencianos”. 

Elisa Núñez, que ha comparecido en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de les Corts, ha explicado que el presupuesto de la Conselleria de Justicia e Interior para 2024 es de 760,79 millones, un 2,9% más que el año anterior.

La consellera ha destacado que nuestras prioridades son “un servicio público de justicia más ágil y eficiente para los ciudadanos, con mejores infraestructuras y profesionales mejor retribuidos y garantizar una atención a todas las víctimas de delito, con independencia de quién sea su agresor”.

Para este gobierno la Justicia debe ser independiente, rápida, de calidad e igual para todos, algo que queda impugnado con la amnistía que va a ejecutar el gobierno de Pedro Sánchez”.

Y en la lucha contra los incendios, la seguridad de los valencianos y la respuesta a las emergencias, aportaremos “estabilidad, profesionalización y soluciones audaces que reviertan la situación penosa y endiablada que ha dejado el Botánico en materia de emergencias”.

Elisa Núñez ha explicado que “detrás de las cifras hay personas, como pagos a abogados y a procuradores que materializan el derecho de todos sin excepción a una justicia gratuita, mejores formaciones para que fuerzas y cuerpos de seguridad o bomberos nos protejan mejor a todos, o rehabilitaciones, arreglos de goteras o aires acondicionados para que los profesionales de la justicia trabajen con dignidad”.

Justicia

El presupuesto en el área de Justicia para 2024 aumenta un 9,3% con respecto al año anterior, hasta un total de 460,2 millones.

En materia de personal se amplía la inversión en un 8,5%, hasta 294,75 millones de euros con los objetivos de acabar con la precariedad de los trabajadores y dar estabilidad al personal mediante la creación de nuevos puestos estructurales en los juzgados que más lo necesitan, empezando por los Juzgados mixtos de los partidos judiciales más pequeños, ampliar plantillas en órganos judiciales o fiscalías, y dotar los planes de refuerzo ordinarios.

También se va a plantear un Pacto de Legislatura con los representantes de los trabajadores "que pueda garantizar y dar seguridad a las mejoras laborales, que supla la inactividad negligente del Gobierno de Sánchez, que niega a los funcionarios de Justicia la regulación del complemento de carrera profesional".

Se aumenta un 11,26%, hasta los 63,47 millones de euros, las partidas para compra de bienes y gastos de funcionamiento con el fin de ir acabando con la precariedad también de infraestructuras en la que se encuentran muchas sedes judiciales.

Se asigna una inversión de 96,32 millones, un incremento del 31,23%, en mejorar las infraestructuras judiciales.

Está previsto construir nuevas sedes en Alzira, Llíria, Sagunt, Torrent, Xàtiva, Villena, la Ciudad de la Justicia de Alicante, la nueva sede del Tribunal de Marca Comunitaria, también en Alicante, y un nuevo edificio satélite para la Ciudad de la Justicia de Valencia.

En cuanto a la ampliación y reforma, está previsto actuar en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en Ontinyent, Denia, Orihuela, Torrevieja y en la ampliación de los juzgados de Nules.  De la misma manera, se adecuará el nuevo Archivo General de Alicante, y se han previsto casi 3,5 millones de euros para atender los pagos finales del nuevo edificio judicial de Gandía.

Atención a las víctimas y acceso a la justicia

Uno de los grandes objetivos es proteger a todas las víctimas de delitos, hombres y mujeres, de todas las formas de violencia, sea quien sea su agresor y sea cual sea el delito. Se van a destinar recursos para que los ciudadanos conozcan que también es competencia de las 37 oficinas de víctimas luchar contra problemas en temas tan importantes como el acoso escolar, el acoso laboral o la violencia de hijos a padres.

Se incrementa en casi un 30% el capítulo para el correcto funcionamiento de las 37 Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y de las tres Oficinas de Denuncias, destinados a acciones formativas para la especialización del personal, y para sostener los servicios de call center y de traslados de víctimas.

Para 2024, se destina un presupuesto de 74,5 millones. Se prevé la reclasificación y mejora de puestos de atención directa, y se solicitará la creación de nuevos puestos en estas oficinas.
El grueso del programa de atención a las víctimas y acceso a la justicia se encuentra en el capítulo de subvenciones, con casi 60 millones de euros, que mantiene todas las líneas de subvención a entidades de defensa de las víctimas del terrorismo y las indemnizaciones a estas víctimas.

Asimismo, se destinan 57,53 millones a los Consejos Valencianos de los Colegios de Abogados y de Procuradores distribuidos en diferentes subvenciones para abonarles sus servicios de asistencia jurídica gratuita.

Por su parte, la inversión en mediación alcanza los 1,6 millones de euros en subvenciones y convenios a distintas entidades públicas, entre ellas los Ayuntamientos a través del servicio Mediaprop.

Seguridad y emergencias

Para 2024 se destinan 176 millones a Interior, Seguridad y Emergencias. En el ámbito de Interior y Seguridad se negociará un convenio justo con el Ministerio del Interior y la Dirección General de Policía, para garantizar que la unidad adscrita de la Policía Nacional está adecuadamente dotada de medios y de personal, ya que el convenio caducó hace más de un año, así como un acuerdo con Feria de Valencia para ubicar allí a la Policía de la Generalitat, con mejores condiciones, mejores instalaciones y mayor bienestar de sus integrantes.

En el IVASPE, cuyo presupuesto aumenta un 51,74%, se va a impulsar la elaboración de un Reglamento para este instituto y convenios de colaboración con distintos ayuntamientos para impartir formación, además de abonar la deuda que este instituto arrastra con el profesorado de los años del Botànic.

La Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias recibe 113 millones para Emergencias, Protección Civil y Extinción de Incendios.

Se va a garantizar un funcionamiento excelente del teléfono 1-1-2, incorporando nuevos avances tecnológicos, y mantener las ayudas para los Consorcios Provinciales de Bomberos y las Encomiendas Forestales, seguros y material de agrupaciones y asociaciones de protección civil, y para planes de emergencia.

En materia de extinción de incendios, además del servicio de helicópteros y aviones, se impulsarán helicópteros de coordinación, rescate y transporte sanitario, quemas prescritas como instrumento de gestión forestal, y la formación del personal de gestión forestal y del servicio de Bomberos Forestales en uso de fuego técnico.

Además, continuarán los trabajos para una futura Ley de coordinación integral de Emergencias y Protección Civil para la Comunidad Valenciana. Se incluyen 57 millones para la financiación a la SGISE, empresa pública de bomberos forestales "que se gestionará con rigor, con responsabilidad, diciendo la verdad a los trabajadores y cumpliendo con todos los trámites para que la actuación de SGISE sea conforme con la legalidad".

En este sentido, la consellera de Justicia e Interior ha explicado que “los 187 bomberos de corta duración no se han podido renovar este año porque el gobierno anterior no dejó fondos, no se había pedido permiso a Hacienda para hacer esta novación, ni había masa salarial aprobada. En los presupuestos del Botánic figuraban 9 millones destinados a la Unidad Valenciana de Emergencias, la UVE, que solo podían utilizarse si la empresa tenía un plan estratégico o un convenio colectivo aprobado, que en cinco años no se aprobaron y se devolvían a Hacienda”.

Se dotará a este servicio público esencial de una estrategia y de un futuro y se pondrá en marcha la mejora de distintos parques y el inicio de los procesos para la adquisición de autobombas, que renueven un parque muy envejecido.

Prevención de incendios

La Dirección General de Prevención de Incendios con 36,7 millones de euros, se vuelve a incorporar junto con la extinción, a la Conselleria de Justicia e Interior para sustituir la visión compartimentada de prevención y extinción, que hasta ahora mantenía el Botánico, por una gestión integral del territorio, un 'fire management' que mantenga los esfuerzos de la inversión en el medio rural.

Entre sus numerosas actuaciones se encuentran la construcción y mantenimiento de infraestructuras de prevención de incendios forestales, con líneas de ayudas de las que pueden ser beneficiarios aquellos Ayuntamientos que tengan suelo forestal en su territorio, así como los titulares de explotaciones ganaderas que controlan la vegetación en zonas estratégicas de prevención de incendios.

En este sentido, se destinan 5,4 millones para actuaciones de mejora y conservación del medio y de prevención de daños forestales con cofinanciación FEADER y PEPAC, y 8 millones de euros al Fondo Estratégico Municipal para que los municipios puedan invertir en infraestructuras para la prevención de incendios y la gestión forestal.