Detalle nota de prensa - Comunica GVA

El Consell ha autorizado seis convenios entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y universidades valencianas para que el alumnado pueda realizar prácticas externas en los juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana.

En concreto, se han suscrito convenios con la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), la Universitat de València (UV), la Universidad Europea de Valencia, la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y la Universidad de Alicante (UA).

El objeto del acuerdo es la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares por el alumnado matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o máster que imparten en las universidades anteriormente enumeradas, siempre de titulaciones relacionadas con profesiones de la Administración de Justicia, en los juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana.

La realización de las prácticas por el alumnado matriculado se llevará a cabo con la finalidad de formar a profesionales que en un futuro puedan colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia, lo que puede redundar en una mayor calidad de la misma y en la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía.

La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunitat Valenciana estará siempre supeditada a las necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas.

Dado el carácter estrictamente académico y formativo de las prácticas, de su realización no se derivan, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puesto de trabajo. 

Además, con este convenio se contribuye, por un lado, a mejorar y perfeccionar la formación de los y las estudiantes universitarios, se facilita su acceso y conocimiento de las funciones que desempeñan los y las profesionales de la Fiscalía. 

Por otro, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 52ª de la Ley General de la Seguridad Social, se contribuye a evitar que la Generalitat, como institución en la que se desarrollan las prácticas, deba asumir el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social, reflejando expresamente en el convenio que dicha obligación corresponderá a la universidad.

El convenio no tendrá repercusión económica en el presupuesto de la Conselleria de Justicia e Interior y su duración será de cuatro años prorrogables a partir de su firma.