Detalle nota de prensa - Comunica GVA

El Pleno del Consell ha autorizado la suscripción de un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y la Universidad Internacional de Valencia (UIV) para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana y las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

La Conselleria facilitará la realización de las prácticas externas curriculares y extracurriculares por el alumnado matriculado, así como el acceso del alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales. Mientras que la universidad se compromete a que la persona o personas que ejerzan la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de los derechos correspondientes en el marco de la normativa propia de la universidad que sea de aplicación.

Asimismo, la UIV se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar su colaboración al Ministerio de Justicia y al CGPJ mediante la cesión de aulas, en determinadas condiciones, con ocasión de la celebración de pruebas correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia y de acceso a las carreras judicial y fiscal.

La colaboración que prestan el CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Comunitat Valenciana estará siempre supeditada a las necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas.  

Además, con este convenio se contribuye, por un lado, a mejorar y perfeccionar la formación de los y las estudiantes universitarios, se facilita su acceso y conocimiento de las funciones que desempeñan los y las profesionales de los juzgados y tribunales. 

Y, por otro, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 52ª de la Ley General de la Seguridad Social, evitar que la Generalitat, como institución en la que se desarrollan las prácticas, deba asumir el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social, reflejando expresamente en el convenio que dicha obligación corresponderá a la universidad.

Estas prácticas resultarán de interés para la formación de nuevos profesionales que en un futuro puedan colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia. 

El convenio tiene una validez de cuatro años prorrogables.