Detalle nota de prensa - Comunica GVA

El Consell ha aprobado conceder la Distinción por la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales a los diputados, diputadas y senadores elegidos en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia que aprobaron, en las sesiones celebradas el 31 de octubre de 1978, el texto de la Constitución Española.

En declaraciones realizadas durante la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo, la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha subrayado que la Generalitat distingue así “la responsabilidad y búsqueda de consenso” por parte de quienes “aquel año ejercieron de padres y madres de la Constitución, trabajaron en el marco de la Ponencia Constitucional, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, la Comisión de Constitución del Senado y los plenos de ambas cámaras”.

Este reconocimiento se concede con motivo de la celebración, el 6 de diciembre, del Día de la Constitución, y, este año, se entregará en el acto conmemorativo que tendrá lugar en la Diputación de Castellón, tal y como ha recordado la consellera. 

En las sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978 se procedió a la votación final del texto constitucional, que sería sometido a referéndum el 6 de diciembre de 1978. 

En el Pleno del Congreso de los Diputados, la Constitución se aprobó por 325 votos a favor, entre los cuales se contaron los de los siguientes diputados y diputadas elegidos por las circunscripciones de Alicante, Castellón y Valencia: Francisco Javier Máximo Aguirre de la Hoz; José Luis Albiñana Olmos; Emilio Attard Alonso; José Luis Barceló Rodríguez; Enrique Beltrán Sanz; Antonio Bisbal Iborra; Emèrit Bono Martínez; Pilar Brabo Castells; Francisco de Paula Burguera Escrivá; Jaume Castells Ferrer; Asunción Cruañes Molina; Joaquín Fuster Pérez; Joaquín Galant Ruiz; Luis Gámir Casares; Antonio García Miralles; Luis Jiménez Morell; Enrique Monsonís Domingo; Joaquín Muñoz Peirats; José Miguel Ortí Bordás; Juan Bautista Pastor Marco; José Ramón Pin Arboledas; Palmira Pla Pechovierto; Juan Rodríguez Marín; Joaquín Ruiz Mendoza; Manuel Sánchez Ayuso; Manuel Santolaya Juesas; Enrique Sapena Granell y Vicente Antonio Sotillo Martí.

En el Senado, la Constitución se aprobó también con una amplia mayoría de 226 votos, y, entre ellos, los de los siguientes senadores elegidos en las circunscripciones de Alicante, Castellón y Valencia: Jose Vicente Beviá Pastor; Roque Calpena Giménez; Joaquín Farnós Gauchía: Fernando Flors Goterris; Enrique Marco Soler; Justo Martínez Amutio; José Vicente Mateo Navarro; Salvador Moragues Bertó; José Antonio Noguera de Roig; Alberto Javier Pérez Ferré y José María Ruiz Ramírez.

Incremento presupuestario para reducir demoras en Sanidad

Por otro lado, el Pleno del Consell ha aprobado el acuerdo por el que se incrementa la partida presupuestaria del programa especial de productividad para la reducción de la demora asistencial en el sistema valenciano de salud en 2023, regulado por el acuerdo del Consell de 31 de marzo del mismo año. De este modo, el programa, que tenía una dotación presupuestaria para el ejercicio 2023 de 25.000.000 euros, se incrementa en 16.160.000 euros, hasta un total de 41.160.000 euros.

Para ello, se ha tenido en cuenta el incremento de la actividad a través del programa de reducción de la demora asistencial (tanto quirúrgica como de pruebas diagnósticas), respecto a pacientes de otros departamentos (extraconcierto) y la importante falta de personal facultativo de diferentes especialidades, como anestesia, radiología y cardiología, que afecta principalmente a hospitales comarcales o periféricos, con poca atracción de especialistas de otras comunidades autónomas.

De este modo, en aquellos departamentos de salud en los que es complicado conformar un equipo de intervención quirúrgica, se posibilita contar con personal facultativo especialista y personal de enfermería provenientes de otros departamentos de salud para completar las dotaciones.

Esto implica el apoyo de otros departamentos de salud para garantizar la equidad en la asistencia y no recurrir, en lo posible, al desplazamiento de pacientes, sino al de profesionales, lo que supone un incremento económico.

Asimismo, la remuneración adicional a profesionales que participan de forma voluntaria en programas especiales fuera del horario ordinario (durante los sábados) también conlleva un incremento económico.

Por último, la ampliación a nuevos procedimientos o técnicas quirúrgicas en las especialidades de oftalmología, cirugía general, traumatología y ortopedia, las de mayor prevalencia en las listas de espera, así como la actualización de las tarifas con respecto a ejercicios anteriores contribuyen igualmente al aumento.

La retribución prevista en el acuerdo se aplicará al personal estatutario del sistema valenciano de salud que participe en las actividades incluidas en el programa, dentro del complemento de productividad por participación en programas especiales fuera de la jornada ordinaria de trabajo.

Compensación a las universidades por 41,27 millones de euros

Asimismo, el Pleno del Consell ha autorizado incrementar la dotación presupuestaria destinada a las universidades públicas de la Comunitat Valenciana para compensarlas por la reducción del precio de las tasas universitarias hasta alcanzar los alrededor de 41.269.000 euros para el ejercicio de 2023. 

La finalidad de esta subvención es compensar a las universidades públicas por la reducción del precio del crédito en las enseñanzas de Grado y Máster en el curso 2022-2023.

De este modo, la Universitat de València recibirá 14.037.146 euros; la Universitat Politècnica de València, 10.964.025 euros; la Universidad de Alicante, 7.683.725 euros; la Universitat Jaume I, 4.195.880 euros, y, por último, la Universidad Miguel Hernández, 4.388.233 euros. 

La reducción de las tasas universitarias, junto al desarrollo de un sistema de becas y ayudas que acabe con cualquier desigualdad o dificultad para cursar estudios universitarios, son dos de los ejes fundamentales de la política universitaria del Consell. 

Con ello, el Consell pretende generalizar el acceso al sistema público de Educación Superior, evitando el establecimiento de barreras de carácter económico.