Detalle nota de prensa - Comunica GVA

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha defendido este miércoles en Les Corts el decreto-ley 14/2023 del Consell por el que se prorrogan las bonificaciones y gratuidad temporal de tarifas en los servicios públicos de transporte competencia de la Generalitat y se modifican algunos aspectos de la LOTUP. Pradas ha asegurado que “mientras el Consell cumple, el Gobierno ni ha aprobado la gratuidad para los jóvenes, ni para otros grupos sociales”

Durante su intervención, Pradas ha detallado que el decreto-ley prorroga por un periodo de seis meses las reducciones -parcial o total- de tarifas en los abonos y títulos multiviaje en todos los servicios de transporte público de la Generalitat, es decir, la gratuidad para jóvenes menores de 31 años y la reducción del 50% para el resto de viajeros. En este sentido, ha concretado que la medida tendrá un coste estimado de 18,9 millones de euros.

Salomé Pradas ha explicado que, en las semanas previas a la aprobación de la norma, el Consell estuvo a la espera de conocer cómo iba a materializarse el establecimiento de las bonificaciones del transporte público anunciado por el Gobierno de España.  Sin embargo, “el anuncio del presidente Sánchez en su debate de investidura, quedó en nada. Nos mintió, y no informó a las comunidades autónomas de su verdadera intención hasta casi finalizado el año, aun sabiendo que en varias autonomías las medidas de transporte debían revisarse en esa fecha”.

Pradas ha recordado que el Consell del Botànic aplicó las bonificaciones que ahora se prorrogan “sólo después de que el Estado decidiera aportar fondos para disminuir el precio de las tarifas” mientras que el Consell de Carlos Mazón tomó la decisión “cuando aún se desconocía cuál iba a ser el anuncio de las bonificaciones o gratuidad en el transporte público del Gobierno de España”.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno haya “abandonado” a a Comunitat y a los Ayuntamientos y advertido que “nuestros ayuntamientos y la Generalitat Valenciana no son el cajero automático de Pedro Sánchez”. “Nuestros ciudadanos -ha añadido- no se merecen este trato; y menos con la situación económica que estamos sufriendo. A lo que hay que sumar la injusta infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, por lo que exigimos al Gobierno que se establezca un fondo de nivelación hasta que se apruebe la reforma de la financiación autonómica”.

La consellera ha reiterado que, debido a que la tasa de inflación se sitúa todavía lejos del objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo “el Consell de Carlos Mazón va a estar siempre al lado de los ciudadanos tomando en cada momento las decisiones que sean necesarias”.

Reforma de la LOTUP

Por otra parte, Salomé Pradas ha detallado en qué consistirá la modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje que también se recoge en el decreto-ley.

En concreto, se modifica el art. 51.3.c) y el apartado 4 de la disposición adicional novena de la LOTUP, en relación con la figura de los Proyectos Territoriales Estratégicos (PTE) de forma que el Consell decidirá caso a caso si se lleva a cabo o no la consulta pública previa, cuando concurran importantes razones de interés público. Esta reforma, a juicio de Pradas, es necesaria para “garantizar el principio de confidencialidad evitando en una fase inicial la sobreexposición de proyectos estratégicos que, por su propia naturaleza, requieren de un componente de confidencialidad y evitar los movimientos especulativos”.

También se modifica la disposición adicional novena, apartado 4, para que a los PTE se les pueda aplicar la normativa en materia de simplificación administrativa, a fin de agilizar y simplificar su tramitación.

Por último, también se reforma la Disposición Transitoria 24, que es la que regula las Declaraciones de Interés Comunitario de Regularización que afectan a las actividades industriales. Con la modificación se podrán acoger a esta figura, además de las actividades industriales y productivas, también las terciarias o de servicios. Tal y como ha explicado la consellera, “Esta reforma es necesaria porque muchas de las actividades industriales que potencialmente podían haberse regularizado, no lo hicieron en el plazo inicialmente otorgado”.

Para la consellera “este procedimiento ha sido satisfactorio en el pasado porque supone la regularización urbanística, y posteriormente ambiental, de actividades que pertenecen al tejido productivo, generan riqueza y crean empleo”

“En definitiva, con esta modificación de la LOTUP reducimos la burocracia sin abandonar la seguridad jurídica, facilitamos la llegada de inversiones y regulamos instalaciones que ya existen desde hace años en nuestro territorio y que generan empleo y riqueza”, ha concluido Salomé Pradas.