Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda
Sentencia TSJCV

El Consell celebra la sentencia del TSJCV que anula varias disposiciones del decreto de dependencia del Botànic por “falta de justificación razonable e insostenibilidad jurídica y humana”

20/02/2024
  • La sentencia elimina la discriminación de las personas mayores de 65 años en la prestación del asistente personal, que percibían menos que los más jóvenes
  • Establece la profesionalización de los servicios y declara ilegal la regulación del anterior ejecutivo sobre las viviendas de atención a salud mental
  • Susana Camarero invita a los sindicatos a sentarse en la mesa de diálogo social en lugar de convocar movilizaciones “injustas” contra un Ejecutivo que ha solucionado en siete meses los problemas heredados del Botànic

La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que anula varios preceptos recogidos en el decreto de dependencia del ejecutivo del Botànic por “falta de justificación razonable e insostenibilidad jurídica y humana”, y que va a permitir al Consell “dar marcha atrás y revertir estas cuestiones”.

El TSJCV ha hecho pública una sentencia que elimina la discriminación de las personas mayores en la prestación de asistente personal, apuesta por la profesionalización de los servicios y declara ilegal la regulación sobre las viviendas de atención a salud mental.

Se trata, ha explicado Susana Camarero, de anulaciones de varios preceptos recogidos en un decreto de la anterior Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por el que se modificaba el Decreto del procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, y que fue recurrido por AERTE.  

Por un lado, se ha anulado la discriminación de las personas mayores de 65 años en la prestación de asistente personal en comparación con las personas más jóvenes, ya que la cantidad económica a percibir se reducía en los casos de los más mayores, pasando de 2.350 a 1.825 euros.

Esta reducción, según la sentencia, carece de una “justificación razonable” y, por lo tanto, de “sostenibilidad jurídica y humana”,  y muestra, según la vicepresidente segunda, cómo el gobierno del Botànic “daba la espalda a las personas más mayores, las más vulnerables y que más necesitan de nuestro compromiso y apoyo”.

Asimismo, en la sentencia se reconoce el carácter residencial de todas las viviendas de salud mental y elimina la diferencia que estableció la Conselleria de Igualdad, que bloqueaba el acceso al sistema de salud mental en estos recursos.

En este punto, la vicepresidenta segunda ha señalado que desde su departamento ya se habían puesto en marcha las medidas necesarias “para desbloquear este acceso, totalmente injusto, y que las personas que lo requirieran pudieran acceder a este tipo de servicios de salud mental”.

El dictamen también recoge la profesionalización de los servicios de atención a la dependencia en lo referente a la asistencia personal y deja sin validez los cursos de 50 horas establecidos para ejercer de asistente personal.

Este aspecto, ha indicado Camarero, reconoce que esta figura profesional debe contar con titulaciones oficiales, tanto universitarias como de ciclos formativos, para “asegurar y garantizar la calidad del servicio ofrecido a la persona en situación de dependencia, que peligraba con el precepto acordado del Botànic”.

Frente a todo esto, la vicepresidenta segunda ha reivindicado “una nueva forma de hacer política, un gobierno que se ocupa y al que nos preocupan las personas mayores” y ha señalado que, además de modificar lo que indica el TSJCV, vamos a poner en marcha un plan de choque “para activar, aún más, un sistema de la dependencia que es fundamental para las personas mayores y para las personas más vulnerables”.

Movilización de los sindicatos

Por otro lado, la vicepresidenta segunda se ha pronunciado sobre las movilizaciones convocadas este martes por los sindicatos de CCOO y UGT, que acusan al Consell de “desmantelamiento, abandono y maltrato del sistema público de Servicios Sociales”, de falta de homologación salarial de las plantillas y licitaciones pendientes.

Susana Camarero ha mostrado su indignación ante una manifestación “injusta” que han convocado los sindicatos, apoyados por los partidos que estaban en al anterior gobierno y ahora están en la oposición, en contra de un ejecutivo que en los últimos siete meses “ha solucionado todos los problemas heredados del  Botànic”, entre ellos, hacer frente a los más de 100 millones de deuda a las entidades “que las condenaba a no hacer frente al pago de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, a los usuarios a no recibir la atención que requieren y al cierre de algunos recursos”.  

En este sentido, ha recordado algunas de las medidas puestas en marcha, como el incremento en 38 millones del presupuesto de los conciertos, o el 8,8 % del incremento del precio plaza, congelado desde 2022, “que permite pagar sueldos, pero también gastos generales de los centros”.

Asimismo, se ha referido a los acuerdos con el Instituto Valenciano de Finanzas para mejorar las condiciones de los préstamos a las entidades de carácter social. “Más de 48 millones se han solicitado gracias a unas mejoras que responden a una reivindicación histórica de estas entidades”, ha añadido.

En sus declaraciones, la vicepresidenta segunda ha cuestionado que los sindicatos, “tras permanecer 8 años en silencio, sin convocar manifestaciones y mirando hacia otro lado mientras los servicios sociales eran abandonados por el Consell del Botànic, movilizan contra este gobierno a los y las profesionales que han tenido abandonados durante tantos años”. 

Por último, ha mostrado su compromiso con las mejoras salariales de estos profesionales y ha emplazado a los representantes sindicales a sentarse a dialogar “con espíritu constructivo, sin pancartas y sin eslóganes, que no dan de comer, y pactar un convenio único colectivo donde se negocian las condiciones laborales y de jornada de los trabajadores y las trabajadoras de los servicios sociales”.

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