Detalle nota de prensa - Comunica GVA

La consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha destacado que la aprobación por parte del Consell de los controles financieros específicos de la Intervención de la Generalitat para 2024 permitirá a los valencianos “conocer la verdad sobre los desmanes del anterior Consell con el sector público”. 

La titular de Hacienda se ha referido de este modo en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, a la aprobación de la programación de los controles financieros específicos que se realizarán durante 2024 respecto al ejercicio de 2023, entre los que figura la realización de una auditoría forense del sector público de la Generalitat.

Ruth Merino ha explicado que, tal y como anunció el president, Carlos Mazón, se hacía necesario realizar un análisis más exhaustivo complementario a los controles ordinarios, motivo por el cual la Intervención ha incluido dentro de su previsión de controles específicos tanto la mencionada auditoría forense como la realización de una auditoría operativa en las modalidades de auditoría de sistemas y procedimiento y de auditoría de eficacia, eficiencia y economía del sector público instrumental sobre 2023.

La finalidad de la auditoría forense será analizar “cómo se ha gastado el dinero de los valencianos” ante las “irregularidades” evidenciadas en los controles ordinarios que realiza la Intervención en los entes del sector público de la Generalitat por parte de los gobiernos de Ximo Puig. 

La consellera se ha referido en este sentido a las conclusiones del informe que ha conocido el Pleno del Consell realizado por la Intervención General de la Generalitat correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Auditorías del Sector Público 2023 sobre el ejercicio de 2022 y que, como ha subrayado Ruth Merino, “viene a corroborar esa preocupación que tenemos en el Consell por los desmanes y por la forma de gestionar” en el sector público durante la etapa del Gobierno del Botànic.

A este respecto, ha resaltado que este informe de la Intervención General constata que solo 17 de 42 entidades obligadas a ello disponían en 2022 de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos y se efectuaron más de 5.000 contrataciones temporales sobre un total de 8.000 sin la preceptiva autorización. Además, también concluye que se recibieron bienes y servicios sin expediente de contratación por 117,2 millones y que 18 entidades realizaron un uso incorrecto de contratos menores.

Merino ha subrayado además que análisis realizado por la Intervención también revela que 11 entidades no adoptaron medidas adecuadas para luchar contra el fraude y la corrupción y que en todas las entidades del sector público se ha detectado debilidad en el procedimiento de detección de doble financiación del gasto subvencionable o del control de incompatibilidades con otras ayudas.

Propuesta de financiación singular

Por otro lado, la consellera se ha referido a la propuesta de financiación singular formulada por la Generalitat de Catalunya para señalar que “lo peligroso no está en lo que demanda el independentismo y lo que demanda Pere Aragonès”, sino “en que el Gobierno de España está dispuesto a darle muchas cosas que no son de recibo, porque lamentablemente lo que hay detrás es un canje por votos”. 

“Esto no va de solucionar los problemas de las comunidades y de tratar por igual a todos los españoles, sino de conseguir votos para mantenerse en el poder”, ha dicho la titular de Hacienda, para quien se está ante “un paso más que da el independentismo, que es insaciable”. Ha recordado en este punto que el Gobierno valenciano, por el contrario, “está en la igualdad, en la equidad, en la justicia entre territorios, y eso pasa por mejorar las condiciones de financiación de la Comunitat Valenciana, pero no por querer ser más que nadie sino por querer ser igual”.

Decreto ley sobre las condiciones del personal investigador

En la rueda de prensa ha comparecido también el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para informar de la aprobación por el Consell del decreto ley de medidas urgentes en materia de categorías profesionales y condiciones retributivas del personal investigador de las fundaciones e institutos de investigación biomédica del sector público instrumental de la Generalitat.

El conseller ha explicado que este marco normativo resuelve las “irregularidades” en materia de gestión de personal puestas de manifiesto en los informes de auditoría de las fundaciones de investigación.

A través de este acuerdo, se equiparan las categorías profesionales del personal investigador con las categorías del personal estatutario del sistema valenciano de salud y se regulan las condiciones retributivas de este personal para evitar inequidades en las condiciones laborales. Además, se establece que la implantación de la carrera profesional para este colectivo se realizará de forma progresiva durante los años 2025 y 2026.