Detalle nota de prensa

El Consell ha aprobado una adenda al convenio suscrito entre la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (actual Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).

Esta adenda tiene por objeto incluir en este convenio la actuación realizada en la Alquería de l'Advocat, que alberga las instalaciones de la sede de Espacios Económicos Empresariales, entidad que gestiona Parc Sagunt. En concreto, se trata de un edificio tradicional de la huerta valenciana para uso terciario, con un gran valor arquitectónico, que ha sido objeto de una rehabilitación de carácter integral, con grandes avances en la eficiencia energética, y cuya restauración de la estructura existente ha tenido un importe de 813.604 euros.

Asimismo, se introducen modificaciones en las actuaciones relacionadas con la adecuación y mejora de las instalaciones de climatización, iluminación interior y filtración del Museu de les Ciències Príncep Felip de València, así como en el proyecto integral para la mejora de eficiencia energética en el recinto de Feria Valencia.

Además, en esta adenda se establece la modificación del plazo de finalización de las actuaciones de fase 1, y se fija como fecha máxima de conclusión de las obras de esta fase el 31 de marzo de 2025.

Cabe destacar que a través de este convenio la Generalitat recibirá 51.158.400 euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Este convenio tiene por objeto la concesión de ayudas directas para la rehabilitación sostenible del parque público institucional de las comunidades autónomas.

La finalidad de estos créditos es financiar aquellas actuaciones en edificios de titularidad y uso públicos que persigan la mejora de la eficiencia energética; accesibilidad; habitabilidad y de conservación.

El programa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que cuenta con una dotación total de 6.820 millones, de los cuales 480 millones se destinan a las comunidades autónomas.

Uno de los principales objetivos que marca este convenio es el del ahorro energético, para lo cual se establece que las actuaciones financiables deberán suponer al menos, una reducción del 30 % del consumo de energía primaria no renovable, un requisito que se acreditará mediante certificado energético.