Detalle nota de prensa - Comunica GVA
El Consell avanza en el alivio fiscal a las familias con la aprobación del anteproyecto de ley que amplía las deducciones por nacimiento, adopción y acogimiento
- El paquete de medidas de carácter social de apoyo a las familias previsto en la Ley de Acompañamiento de 2025 beneficiará a unas 41.900 personas con un ahorro global cuantificado en 10 millones de euros
- La norma incluye también ventajas fiscales para el sector agrario por importe de 2,6 millones de euros y exenciones que beneficiarán a 15 cofradías y 377 buques de pesca con base en los puertos de la Generalitat,
- El Consell aprueba el decreto por el que se declara la compatibilidad del desempeño de funciones como profesorado sustituto en las universidades públicas valencianas por parte del personal docente no universitario
- El Ejecutivo autoriza la contratación de la nueva depuradora que dará servicio a Parc Sagunt II, una actuación que comporta una inversión de 60,8 millones de euros
El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2025, que avanza en el alivio fiscal a las familias al duplicar y hasta triplicar las deducciones fiscales previstas en el tramo autonómico del IRPF por nacimientos, adopciones y acogimiento familiar.
En declaraciones realizadas en la comparecencia posterior al pleno del Consell, celebrado en Alicante, la portavoz y consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha recordado que la norma, que continuará su tramitación y se remitirá a Les Corts cuando se apruebe como proyecto de ley, incorpora todas las medidas fiscales anunciadas por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Debate de Política General.
En este sentido, la también conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos establece que los actuales importes de la deducción por nacimiento o adopción pasarán de los 300 euros actuales a los 600 euros, si se trata del primer hijo o hija; 750 euros, en el caso del segundo o segunda, y 900 euros, en el supuesto del tercero o tercera y sucesivos. Este incremento de los importes supondrá un ahorro de 9,73 millones de euros y se estima que pueda beneficiar a 40.000 personas.
Asimismo, estas mismas mejoras se trasladarán a la deducción por acogimiento familiar, cualquiera que sea su régimen, de manera que se incluirá también la guarda con fines de adopción, lo que permitirá aumentar el número de personas beneficiarias.
Además, las familias acogedoras también disfrutarán de otras deducciones del tramo autonómico del IRPF que hasta ahora estaban limitadas a otras modalidades de familia. En concreto, se podrán beneficiar de la deducción por nacimiento o adopción de una persona con discapacidad; la deducción por custodia no ocasional en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil de menores de 3 años; la deducción por conciliación del trabajo con la vida familiar y la deducción por adquisición de material escolar.
En su conjunto, el paquete de medidas fiscales previstas en este apartado, destinado a favorecer a rentas medias y bajas, beneficiará a unas 41.900 personas con un ahorro global cuantificado en 10 millones de euros para límites de renta de 30.000 euros anuales en las declaraciones individuales y de 47.000 euros en las conjuntas.
Supresión del pago de tasas portuarias en la pesca
Además, con el objetivo de respaldar al sector pesquero, que ha sufrido de forma especial el alza de precios mientras el volumen de capturas ha caído, se han eliminado dos tasas que gravan al sector. Como anunció el president, se le exime a este sector del pago de las tasas del grupo G-2 y G-4 relativas a la estancia de buques en los puertos autonómicos y a los servicios de pesca marítima, unas medidas que se estima que beneficiarán a 15 cofradías con un total de 377 buques de pesca con base en los puertos de la Generalitat.
La Ley de Medidas Fiscales también incorpora como novedad una rebaja fiscal del 60 % para a las adquisiciones de parcelas con vocación agraria efectuadas por titulares de una explotación agrícola registrada que no cumplan los requisitos para ser consideradas personas agricultoras profesionales.
Para ello, se reduce del 10 % al 4 % el tipo que grava estas operaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, todo ello con el fin de fomentar el relevo generacional, la incorporación de nuevas personas a la agricultura y la competitividad. Se prevé que esta medida tenga un impacto económico de 2,6 millones de euros.
Asimismo, los proyectos de interés autonómico (PIA) definidos por el nuevo Decreto Ley de Simplificación Administrativa tendrán una bonificación específica del 50 % del impuesto correspondiente a los actos jurídicos documentados, entre otras medidas de estímulo. Y, asimismo, se mantiene en 2025 la congelación del canon del agua vigente en 2024.
Además de estas medidas de carácter tributario, se introducen otras modificaciones legislativas como las que afectan a la Ley 3/2019, de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, en este caso para introducir la posibilidad de que las entidades locales puedan proveer y gestionar los servicios sociales de atención secundaria, siempre que esté asegurada la coordinación con el Ejecutivo autonómico para garantizar la correcta y eficaz prestación de los servicios.
De esta forma, se favorece la creación de plazas residenciales de titularidad municipal y la descentralización del servicio, con el impacto directo que esto tiene en la reducción de las listas de espera y en que las personas no se tengan que alejar de su entorno por no tener recursos de atención secundaria en su municipio.
Subsanación de una “laguna legal” de la LOSU
Por otro lado, tal y como ha informado Ruth Merino, el Consell también ha aprobado un decreto por el que se declara la compatibilidad del desempeño de funciones como profesorado sustituto en las universidades públicas valencianas por parte del personal docente no universitario que desarrolla su actividad en la Comunitat Valenciana.
Con ello, tal y como ha destacado Merino, “se cubre una laguna legal” propiciada por la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que transforma la figura del profesorado asociado en indefinido y crea la nueva figura de profesorado sustituto, pero no soluciona el problema generado por el hecho de que la figura del profesorado sustituto no esté contemplada en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Por el contrario, este decreto, una medida pionera en el sistema universitario español, facilita que el personal docente no universitario (dependiente de la Conselleria de Educación) pueda acceder a realizar estas sustituciones temporales sin vulnerar la citada Ley de Incompatibilidades.
La medida permitirá “aprovechar el conocimiento y la experiencia docente de este personal, que se encuentra perfectamente capacitado para desarrollar estas funciones de sustitución”, ha remarcado Merino.
Contratación de la depuradora que dará servicio a Parc Sagunt II
En otro orden de cosas, el Consell ha autorizado a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar) para la contratación de las obras de construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Sagunto, según ha informado también la portavoz. Este contrato tiene un importe de 60,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 25 meses.
La nueva estación depuradora tratará las aguas de Sagunto, Albalat dels Tarongers, Estivella, Gilet y Petrés, así como las procedentes del desarrollo urbanístico e industrial de la zona, y se ubicará en una parcela dentro del polígono de Parc Sagunt II. La actuación tiene entre sus objetivos depurar y suministrar agua reutilizada a todo el entorno de Parc Sagunt II para los diferentes procesos industriales y, por tanto, a PowerCo y la factoría de baterías.
Además, esta infraestructura tendrá una capacidad de tratamiento de 30.000 metros cúbicos por día en una primera fase, y contará con un sistema de depuración de fangos activados que permitirá el aprovechamiento energético del biogás generado en el proceso, así como la reutilización de la totalidad de las aguas en uso industrial o agrícola mediante la construcción de un tratamiento terciario.
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