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La Generalitat rechaza el acuerdo del Gobierno de ceder competencias en la selección y provisión de funcionarios habilitados porque genera desigualdades entre las autonomías
- El director general de Administración Local afirma que esta medida “debilita los controles de transparencia y buen gobierno local y no responde a una necesidad real de descentralización administrativa”
El Gobierno valenciano ha expresado su rotundo rechazo al reciente acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para ceder la selección, provisión y nombramiento de habilitados nacionales a las comunidades autónomas.
Esta decisión, que también ha sido aceptada por Canarias y ya está en vigor en el País Vasco, “representa un agravio comparativo y una moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias con estas autonomías”, ha asegurado el director general de Administración Local, José Antonio Redorat.
En este sentido, Redorat ha señalado que esta medida “debilita además los controles de transparencia y buen gobierno local y no responde a una necesidad real de descentralización administrativa”.
De hecho, en palabras del director general de Administración Local, “esta cesión de competencias es una clara concesión en la negociación bilateral que perjudica al resto de autonomías, además de comprometer la imparcialidad en los procesos selectivos, sujetos a los diferentes criterios en cada comunidad autónoma, y a la eficacia en la gestión de los recursos locales”.
Asimismo, Redorat ha señalado que este proceso selectivo propuesto “no garantiza que las personas que superen las pruebas en las diferentes autonomías puedan ocupar una plaza en la misma comunidad autónoma donde realizaron el examen, lo que mantendría el déficit en la cobertura de las plazas”.
El Gobierno Valenciano defiende la importancia de mantener un sistema de selección y provisión de habilitados nacionales centralizado, que garantice la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procesos de nombramiento. La cesión de estas competencias a las comunidades autónomas podría generar desigualdades y afectar negativamente la calidad de la administración local.
Por todo ello, Redorat ha instado al Gobierno central a reconsiderar esta decisión y a mantener un marco de competencias que asegure la equidad y la transparencia en la gestión pública local.