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El Consell tramita un recurso contra el Real Decreto que aprueba la “capacidad ordinaria” del sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados
- Solicita la suspensión cautelar de la norma por vulnerar los derechos de los menores migrantes no acompañados
- La Generalitat advierte de que su aplicación genera perjuicios irreversibles y tensiona aún más el sistema de protección valenciano
El Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueba la denominada “capacidad ordinaria” del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas.
Junto con este recurso se ha solicitado la suspensión cautelar de la norma, por considerarla contraria a derecho y por suponer una vulneración del interés superior de los menores migrantes no acompañados.
Esta decisión del Consell se enmarca en una línea de defensa institucional frente a diversas disposiciones aprobadas por el Gobierno de España en materia migratoria sobre la redistribución de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, que afectan de manera directa a las competencias propias de la Generalitat en materia de asistencia social y protección de la infancia.
El Real Decreto 743/2025 introduce una fórmula unilateral para calcular la llamada “capacidad ordinaria” del sistema de protección, en base a datos poblacionales y cifras remitidas por la Administración General del Estado, sin tener en cuenta la información enviada por las comunidades autónomas ni haber contado con la aprobación de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Según la aplicación de esta fórmula, a la Comunitat Valenciana se le asigna una supuesta capacidad de atención para 1.767 menores migrantes no acompañados, cifra que no refleja la capacidad real del sistema, ya tensionado y con problemas de sobreocupación.
En el año 2024 las plazas de atención residencial de proyecto migratorio se incrementaron en más del 60%, hasta llegar a 319, mientras que el sistema general de protección cuenta con un total de 1.720 plazas, ya insuficientes para cubrir la creciente demanda. La ocupación media del sistema alcanzó el año pasado el 160 %, y en lo que llevamos de 2025 ya han sido atendidos 820 menores migrantes.
El Consell recuerda que la obligación de todas las administraciones es proteger el interés superior del menor, garantizando igualdad de trato y una atención integral, digna y de calidad.
En este sentido, considera inaceptable que se establezca un reparto unilateral, sin consenso, previsión, ni financiación suficiente, que pueda derivar en discriminación entre sistemas de atención y en un maltrato institucional hacia los menores migrantes no acompañados.