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El Consell amplía el contrato extraordinario de gestión de residuos de las inundaciones hasta los 204 millones de euros
- La ampliación afecta a los puntos de transferencia de Quart de Poblet/Manises y Picassent, que han superado las 500.000 toneladas gestionadas
- El Pleno también autoriza la contratación del servicio para la ejecución de las medidas judiciales de medio abierto de personas adolescentes y jóvenes para el periodo 2025-2028, con un valor estimado de 14,2 millones de euros
- Susana Camarero insta a la delegada del Gobierno a decir a cuántas mujeres ha afectado el fallo de las pulseras para maltratadores y por qué no se ha comunicado ni a la Conselleria ni a las entidades que las protegen
El Consell ha aprobado la ampliación del contrato de emergencia para la gestión de los residuos acumulados tras las inundaciones de octubre de 2024, que eleva su importe global hasta los 204 millones de euros.
Sobre esta cuestión, la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha informado de que la decisión afecta a los lotes 1 y 3 del contrato de emergencia, relativos a los puntos de transferencia de Quart de Poblet/Manises y Picassent, respectivamente, que han recibido un volumen de residuos muy superior al previsto inicialmente.
La ampliación presupuestaria aprobada asciende a 24,9 millones de euros y permitirá tratar 151.710 toneladas adicionales de residuos acumulados en los puntos de transferencia mencionados.
Para Camarero, “esta ampliación era imprescindible para dar salida al volumen real de residuos acumulados, que ha superado con creces las previsiones iniciales debido a la magnitud de la dana”, y ha añadido que “gracias a este esfuerzo presupuestario garantizamos el tratamiento seguro y completo de todos los residuos y evitamos riesgos medioambientales y de salud pública”.
Camarero ha recordado que el redimensionamiento del contrato responde a que los residuos acumulados superaron las 250.000 toneladas inicialmente previstas para cada lote, como consecuencia de la derivación de materiales desde el punto de transferencia de Catarroja, que no disponía de capacidad suficiente, y desde los puntos de acopio locales.
La consellera ha insistido en que “el esfuerzo financiero realizado es proporcional a la magnitud de la emergencia” y ha agradecido “la colaboración de los ayuntamientos y de las empresas gestoras en un contexto de alta exigencia operativa”.
Otros asuntos
Entre otros asuntos, el Consell ha ratificado la contratación de emergencia de las obras de reconstrucción de infraestructuras dañadas por la riada en Catarroja, Paiporta y Alfafar, con un presupuesto estimado de 1.404.000 euros.
La intervención, que asume la Generalitat a petición de los ayuntamientos por la imposibilidad de ejecutar las obras, se centra en el Camí de Santa Ana, en el tramo comprendido entre el enlace con la CV-33 en Catarroja y la calle José Capuz en Paiporta, así como en la carretera CV-4126 a su paso por Alfafar.
Además, el Pleno ha autorizado la contratación del servicio para la ejecución de las medidas judiciales de medio abierto de personas adolescentes y jóvenes para el periodo 2025-2028, con un valor estimado de 14,2 millones de euros.
En este sentido, Susana Camarero ha explicado que el contrato permitirá cubrir la totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana —excepto los municipios con servicio propio— e incluye programas como la libertad vigilada, permanencia de fin de semana en domicilio, tratamiento ambulatorio, asistencia a centro de día y la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad, todos ellos orientados a la educación y reinserción social de los menores en conflicto con la ley.
En materia de Sanidad, el Consell ha autorizado un acuerdo marco para el suministro de medicamentos biológicos con biosimilares destinados a los centros de la sanidad pública valenciana, con un valor estimado de 485,3 millones de euros y una vigencia inicial de un año, prorrogable hasta tres años adicionales. El objetivo es fijar condiciones homogéneas para su suministro, fomentar la competencia y reducir el elevado coste de estos tratamientos innovadores para patologías crónicas y graves.
Asimismo, respecto del fallo en los sistemas de comunicación de las pulseras para maltratadores revelado por la Fiscalía General del Estado, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha instado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana a decir a cuántas mujeres ha afectado y por qué no se ha comunicado ni a la Conselleria ni a las entidades que las protegen, para haber podido atender o reforzar y coordinar y evitar cualquier problema derivado del fallo.