Detalle nota de prensa

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido al Gobierno de España que bloquee la reforma de los fondos europeos que “perjudicaría a la pesca, el regadío y los agricultores jubilados”.

En este sentido, el conseller ha remarcado que el Gobierno de España puede paralizar la aprobación del Marco Financiero Plurianual votando en contra en el Consejo Europeo “exigiendo una Política Agraria Común que garantice recursos adecuados para los agricultores y ganaderos, protegiendo la sostenibilidad del sector y fomentando el desarrollo rural. Solo de esta manera se garantizará que la distribución de los fondos europeos responda a las necesidades reales del campo, asegurando equidad, competitividad y estabilidad para quienes trabajan día a día en la producción agrícola y ganadera”.

Barrachina ha explicado que la ausencia de estas líneas de apoyo ha generado una profunda preocupación en el campo valenciano, ya que constituyen instrumentos esenciales para la modernización y sostenibilidad del sector.

“El regadío es clave para la competitividad de nuestras producciones y para garantizar la seguridad hídrica y alimentaria. No podemos permitir que desaparezcan las ayudas a estas inversiones, que son motor de innovación y de eficiencia en el uso del agua”, ha subrayado el conseller.

Asimismo, Barrachina ha recordado que las ayudas dirigidas a los agricultores jubilados han sido históricamente una herramienta para mantener la actividad en el medio rural. “Excluirlos de la nueva PAC es un grave error que podría acelerar el abandono de tierras”, ha advertido.

La Comunitat Valenciana podría perder 52 millones de euros al año en ayudas de la PAC, lo que supondría dejar sin respaldo a 28.000 agricultores, de los cuales 24.000 son jubilados. Además, se pone en peligro el futuro de 300.000 hectáreas de cultivo, una superficie que representa el 60 % del total actualmente trabajado.

El titular de Agricultura ha detallado que, según la Comisión Europea, la nueva estructura presupuestaria permite que sea cada estado miembro el que decida el reparto de los fondos, incluyendo tanto la PAC como otras políticas no relacionadas con el sector primario.

“Esta circunstancia implica que las ayudas queden a merced de las decisiones del Gobierno nacional, sin garantía de que se destinen finalmente al sector agrícola. Además, se producirían desigualdades entre los productores dentro del mercado común, pues los agricultores recibirían más o menos ayudas en función de las decisiones de sus gobiernos,” ha concluido el conseller.