Detalle nota de prensa

El Consell ha acordado la declaración de urgencia de la tramitación del decreto de la convivencia en el sistema educativo de la Comunitat Valenciana, impulsado por la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, con el objetivo de mejorar la protección de las víctimas y la autoridad del profesorado. 

Esta decisión permite agilizar la entrada en vigor de un marco normativo renovado que dará respuesta a las necesidades actuales de los centros, del profesorado y del alumnado, así como de toda la comunidad educativa.

La nueva norma nace con el objetivo de modernizar y fortalecer el modelo de gestión de la convivencia escolar, incorporando medidas que responden tanto al incremento de incidencias como a la naturaleza de las mismas y a la necesidad del reconocimiento a la figura docente. 

Refuerzo de la autoridad docente

Las agresiones, injurias u ofensas al profesorado en el ejercicio de sus funciones se considerarán faltas graves y se abordarán como atentados contra la autoridad.

El decreto también otorga rango normativo superior a la regulación del uso de dispositivos móviles en los centros educativos, una medida ampliamente demandada por la comunidad educativa y que busca minimizar su impacto en el aprendizaje y en situaciones de ciberacoso, además de mejorar el bienestar socioemocional del alumnado.

Esta cuestión, que quedó establecida en la Resolución de 17 de abril de 2024 por la urgente necesidad, ya ha evidenciado la mejora con los datos objetivos registrados.

La norma prevé medidas educativas provisionales, la posibilidad de procedimiento conciliador y la tramitación de expediente disciplinario con garantías y plazos ajustados, incluyendo un trámite de urgencia para los casos más graves. Lo que significa la celeridad en los expedientes disciplinarios.

También se simplifica la gestión con el desarrollo de un módulo específico en la plataforma ITACA, que permitirá documentar y seguir digitalmente todas las fases del expediente.

Inclusión y vulnerabilidad

El proyecto incorpora además un enfoque inclusivo, estableciendo que la condición de víctima con necesidades específicas de apoyo educativo actuará como agravante en la gradación de la responsabilidad. 

A ello se suma la promoción de programas basados en la evidencia científica orientados al bienestar, la prevención de la violencia y la salud mental, así como la prevención de delitos de odio, que se integra como principio junto a la igualdad de trato y la no discriminación.

El decreto entrará en vigor el 7 de enero de 2026, una vez completada su tramitación urgente.