Detalle nota de prensa

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha destacado que la Generalitat ha puesto en marcha un conjunto de medidas de simplificación administrativa centradas en los procedimientos de dependencia y discapacidad, que representan un “avance real, práctico y centrado en las personas para reducir las listas de espera y acelerar el acceso a prestaciones”. 

Estas actuaciones se enmarcan en el decreto ley aprobado el pasado 26 de diciembre, que establece medidas urgentes para agilizar los procedimientos administrativos y reducir la hiperregulación en la Generalitat, su sector público instrumental y las entidades locales.

“Estamos cambiando el enfoque de los trámites para reducir la burocracia, ganar agilidad y garantizar que los derechos sociales lleguen antes a quienes más los necesitan”, ha subrayado Albalat, quien ha señalado que la Ley Simplifica es “una herramienta clave para mejorar la eficacia y la rapidez del sistema público de servicios sociales”.

Menos trámites y más agilidad en dependencia

En el ámbito de la dependencia, la consellera ha explicado que la simplificación se concreta en la eliminación de requisitos formales que hasta ahora ralentizaban los expedientes. En este sentido, deja de ser obligatorio presentar el informe de salud en un modelo normalizado, de modo que cualquier informe médico será válido siempre que incluya los datos esenciales de la persona solicitante y del profesional sanitario.

“Con esta medida evitamos que las personas tengan que volver a pedir informes únicamente por una cuestión de formato”, ha señalado Albalat, quien ha insistido en que “la prioridad es acelerar los procedimientos sin perder garantías”.

Asimismo, se reduce la obligación de elaborar informes sociales técnicos en los casos de cambio de preferencias de la persona solicitante, que solo serán exigibles en supuestos concretos. “Cuando una persona decide modificar el tipo de ayuda o prestación que desea, no tiene sentido volver a iniciar trámites complejos si no son necesarios”, ha indicado la consellera.

En la prestación económica de asistencia personal, se flexibiliza también la aportación del proyecto de vida independiente, que ya no será obligatorio en el momento inicial de la solicitud y podrá presentarse a lo largo de la tramitación. “Evitamos bloqueos innecesarios y facilitamos que las personas puedan avanzar en su expediente desde el primer momento”, ha añadido Albalat.

Modernización de los procedimientos de discapacidad

En materia de discapacidad, el decreto impulsa una modernización de los procedimientos mediante la incorporación de la tramitación telemática, la simplificación documental y la reducción de los plazos de resolución. Estas mejoras permitirán acelerar el reconocimiento del grado de discapacidad y facilitar un acceso más ágil a prestaciones, servicios y apoyos.

“Hablar de discapacidad es hablar de derechos y de autonomía personal, y eso exige una Administración que responda con rapidez y eficacia”, ha afirmado la consellera.

Además, se modernizan trámites cotidianos como la expedición y renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, que podrá realizarse por vía electrónica, y se amplía el derecho a la obtención de esta tarjeta a las personas menores de 3 años.

El decreto refuerza también la consideración de la discapacidad como criterio de especial vulnerabilidad en situaciones de emergencia social. “Queremos garantizar respuestas administrativas más ágiles y eficaces cuando las personas con discapacidad se encuentran en situaciones especialmente delicadas”, ha concluido Elena Albalat.