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La Conselleria de Justicia avanza hacia un modelo de justicia accesible e inclusiva
- El plan de accesibilidad de Justicia alcanza 25 actuaciones finalizadas
- La Conselleria analiza 57 sedes judiciales para mejorar la accesibilidad en toda la Comunitat Valenciana
La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación avanza en la consolidación de un modelo de justicia accesible e inclusiva, en línea con la normativa sobre accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
Esta actuación se enmarca en el estudio impulsado por la Generalitat sobre las condiciones de accesibilidad en cerca de 800 edificios públicos. En el caso de la Conselleria de Justicia, se analizaron 57 sedes judiciales, de las cuales 18 corresponden a la provincia de Alicante, 7 a Castellón y 32 a Valencia, lo que ha permitido obtener un diagnóstico completo de la situación.
El estudio identificó deficiencias en aspectos clave como accesos, comunicación entre plantas, señalización, aseos o puntos de atención. Para subsanarlas, se estimó una inversión aproximada de 2.039.398,78 euros, distribuida en 743.344,76 euros en Alicante, 232.267,66 euros en Castellón y 1.063.786,36 euros en Valencia.
Entre las actuaciones previstas, destaca el caso de la sede judicial de Segorbe, que requería la mayor inversión individual, con 109.011,92 euros, debido a la falta de accesibilidad entre plantas por la ausencia de ascensor. No obstante, la Conselleria ya había iniciado trabajos para mejorar estas comunicaciones verticales.
Para dar respuesta a estas necesidades, la Conselleria ha desarrollado un modelo estructurado en distintas líneas de actuación, orientado a garantizar el ejercicio efectivo de derechos, fomentar la autonomía de las personas con discapacidad, asegurar su acceso a la justicia en igualdad de condiciones y adaptar los entornos físicos, comunicativos y cognitivos.
En esta línea, se han impulsado medidas como la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de la señalización y la incorporación de sistemas de apoyo a la comunicación, como los bucles magnéticos en mostradores de atención al público, salas de vistas y ascensores, facilitando la interacción de personas con audífonos o implantes cocleares.
Cabe destacar que, el programa de actuaciones se ha desarrollado en dos fases. La primera, ejecutada entre 2022 y 2023, incluía 23 partidos judiciales, con una inversión inicial de 993.200,99 euros. La segunda fase contempla nuevas sedes judiciales y la mejora de edificios existentes, con una inversión estimada de 1.000.000 de euros para el periodo 2024-2025.
Tras cuatro años desde el inicio del programa, la Conselleria ha actuado en sedes de 16 de los 36 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana, además de adaptar seis sedes adicionales y aplicar criterios de accesibilidad en tres edificios de nueva construcción o rehabilitación integral. En total, se han finalizado 25 actuaciones.
Actualmente, el programa cuenta con cinco actuaciones en fase de estudio, tres en redacción de proyecto, cuatro en ejecución y cinco pendientes de inicio. En total de 42 actuaciones previstas, el 57 % ya están finalizadas, el 11,9 % en estudio, el 7,14 % en redacción, el 9,52 % en ejecución y el 11,9 % pendiente de iniciar.
Asimismo, la Conselleria de Justicia está realizando un importante esfuerzo en incorporar medidas que faciliten la accesibilidad en la comunicación mediante la instalación de bucles magnéticos en mostradores, salas de vistas y dispositivos portátiles, facilitando así la atención a personas con limitaciones auditivas sin necesidad de solicitar ayuda.
Además, se han incorporado lazos de inducción en ascensores en varias sedes judiciales, permitiendo recibir avisos de emergencia y mejorar la comunicación en situaciones de riesgo. En esta línea de mejora continua, también se prevé incluir baños adaptados para personas con ostomías en los nuevos proyectos judiciales, avanzando hacia una justicia más inclusiva.
La finalidad del Consell es garantizar que todas las personas puedan acceder y utilizar de forma segura, autónoma y sin discriminación los edificios y los espacios públicos, tanto en entornos urbanos como naturales, y que cualquier persona, independientemente de sus circunstancias, pueda moverse y hacer uso de las sedes judiciales con total normalidad.