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El Consell aprueba un decreto ley de movilidad para garantizar la convivencia entre taxis y VTC en la Comunitat Valenciana
- El nuevo marco regulador nace tras un proceso de diálogo con representantes de los dos sectores y pretende reforzar la seguridad jurídica en el sector
- El decreto establece medidas referentes a las autorizaciones, transmisión de licencias y régimen sancionador por incumplimiento, entre otras
El Consell ha aprobado el decreto ley de movilidad que establece un nuevo marco regulador para garantizar la convivencia entre el sector del taxi y las VTC y por el que se modifica el decreto Ley 4/2019, de prestación del servicio de transporte público discrecional de personas viajeras mediante arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), y la Ley 13/2017 del Taxi de la Comunitat Valenciana.
La nueva regulación nace tras un proceso de diálogo con representantes del taxi y de las VTC y pretende reforzar la seguridad jurídica en el sector después de diferentes resoluciones judiciales que han anulado normativas estatales, autonómicas y locales.
El decreto incorpora medidas dirigidas tanto al sector del taxi como al de las VTC y establece nuevas herramientas de control, ordenación y planificación de la movilidad en la Comunitat Valenciana.
Ambos sectores compartían demandas que se recogen en el decreto, como la suspensión temporal durante un máximo de dos años del otorgamiento de nuevas autorizaciones de taxi en las áreas de prestación conjunta y de nuevas autorizaciones VTC de ámbito estatal en la Comunitat Valenciana.
En el caso del taxi, la suspensión no afectará a las autorizaciones destinadas a incrementar el número de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, cuya adscripción será permanente y definitiva. La suspensión estará en vigor hasta que se realice el informe exhaustivo que detalle la situación de la movilidad y de ambos sectores.
Como novedad y tras las demandas de ambas partes, se incorpora un nuevo régimen sancionador específico para garantizar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio urbano de VTC. Las sanciones por infracciones muy graves podrán alcanzar los 6.000 euros y contemplan la inmovilización inmediata del vehículo.
Entre las conductas sancionables se incluyen la captación de clientes en vía pública sin contratación previa por parte de las VTC o la circulación en busca de viajeros o la prestación de servicios fuera del ámbito autorizado.
Además, se da la posibilidad a los ayuntamientos de asumir la competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por alguna de las infracciones previstas en el presente decreto y la recaudación de estas.
Sector del taxi
Entre las principales novedades para el sector del taxi, se amplía el número máximo de autorizaciones de las que podrá ser titular una misma persona física, pasando a un máximo de tres autorizaciones ordinarias y hasta cinco cuando estén vinculadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, cuya adscripción será permanente y definitiva.
Esta medida tiene como objeto fomentar la contratación de conductores asalariados y desarrollar tejido empresarial en el sector y, con ello, mejorar la prestación del servicio de taxi a las personas usuarias.
Asimismo, se flexibiliza el régimen para la creación de nuevas autorizaciones de taxi. Aunque se mantiene la ratio general de una autorización por cada mil habitantes, podrán concederse nuevas licencias cuando exista una demanda de servicio que deba atenderse o cuando sea necesario incrementar el número de vehículos adaptados.
El decreto también elimina la exigencia de plena y exclusiva dedicación en el sector del taxi, aunque mantiene la incompatibilidad entre la actividad de taxista y la titularidad o conducción asalariada en servicios VTC.
En materia de transmisión de autorizaciones, se regula la posibilidad de que las personas herederas puedan mantener y transmitir la licencia siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa. Además, se contempla expresamente la situación de herederos menores de edad mediante la designación de una persona representante hasta que puedan obtener la capacitación necesaria.
La norma también permite iniciar la extinción de áreas de prestación conjunta de ambos sectores a solicitud de alguno de los municipios integrantes, reforzando así la autonomía municipal en esta materia. Además, se mantiene que los municipios de más de 200.000 habitantes o con más de 200 taxis puedan decidir no integrarse en un área de prestación conjunta.
Sector de las VTC
En relación con las VTC, el decreto habilita provisionalmente a las autorizaciones estatales domiciliadas en la Comunitat Valenciana para realizar transporte urbano durante un plazo máximo de dos años o hasta la elaboración del estudio técnico sobre la movilidad y el equilibrio entre ambos sectores.
La regulación elimina la referencia que limitaba exclusivamente a los servicios interurbanos la actividad de las VTC y modifica las condiciones de contratación del servicio para facilitar la disponibilidad al usuario, eliminando los 15 minutos de espera para contratar.