Detalle nota de prensa

El pleno del Consell ha aprobado la adhesión de la Generalitat Valenciana al acuerdo de novación del contrato marco para la reestructuración de riesgos y deuda de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR-CV).

En diciembre, la SGR-CV, el Inatituto Valenciano de Finanzas (IVF) y un conjunto de entidades financieras suscribieron un acuerdo que se estructuraba en torno a cuatro ejes:

1) amortización parcial anticipada de la deuda financiera mantenida por la SGR, por el importe del vencimiento anticipado de la deuda derivada de los contratos de reafianzamiento de la Generalitat con la SGR.
2) amortización, mediante dación en pago, por parte de la SGR a favor de la Generalitat por el excedente o parte correspondiente a la financiación tipo sénior amortizada previamente en virtud del aval.
3) modificación del sistema de financiación bilateral anterior por uno nuevo de sindicación. 4) reestructuración de los términos y condiciones de la deuda financiera remanente tras las citadas amortizaciones parciales.

Para la realización de los puntos 1 y 2 se requiere la adopción de medidas de rango legislativo que permitan la adhesión al mismo de la Generalitat, lo que se considera una condición necesaria para su entrada en vigor.

En concreto, el acuerdo de novación determina un vencimiento anticipado de los avales otorgados por la Generalitat (en virtud del Decreto 89/2013, de 5 de julio, del Consell), que requiere de una decisión previa por parte de la Generalitat Valenciana.

Se estima conveniente que éste se produzca con rango de ley, ya que se trata de un supuesto no previsto en los avales otorgados en su día, al no responder a un incumplimiento de la SGR o del avalista de ninguna de las obligaciones derivadas de la financiación.

Por todo ello, se considera necesario que se tramite un decreto-ley de carácter extraordinario, a la vista de la grave situación que se generaría para toda la economía social de la Comunitat Valenciana en caso de que, finalmente, el proceso de la SGR se viera frustrado y con ello se produjera la pérdida de un instrumento financiero esencial para aportar crédito a las pequeñas y medianas empresas y emprendedores de la Comunitat Valenciana.

Claves de la operación

El acuerdo de reestructuracion de la deuda de la SGR-CV contempla el vencimiento anticipado del aval prestado por la Generalitat por importe de 168,8 millones de euros, que pasarán a formar parte de los recursos propios de la SGR.

A la vez, se amortizará, por medio de dación en pago, por parte de la SGR y a favor de la Generalitat, la parte correspondiente a la financiación existente de tipo senior amortizada previamente en virtud del aval, por importe de 25,2 millones de euros.

Con todo, se crean dos créditos a favor de la Generalitat Valenciana por un importe global de 194,1 millones de euros, lo que permite liquidar la deuda de la SGR-CV y liberar tesorería.

Esta operación va a permitir que la SGR-CV alcance un coeficiente de solvencia al nivel del resto de las sociedades de garantía recíproca españolas.

La SGR, pieza clave colaboradora del nuevo Banco Público

La reflotación de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana la va a convertir en una pieza esencial en el nuevo modelo de negocio del Banco Público.

De hecho, el nuevo IVF ofrece, en colaboración con la SGR de la Comunitat Valenciana, la Línea para Autónomos, Microempresas y Pymes, en la que para ser prestatario del IVF se requiere contar con el aval de la SGR.

Estos préstamos van destinados a financiar inversiones y circulante de proyectos llevados a cabo por empresas valencianas, con importes que pueden oscilar entre los 12.000 y los 350.000 euros, a un máximo de siete años y con hasta tres años de carencia, con un tipo fijo del 2,5%, que se considera muy competitivo.

El IVF ha dotado esta línea con 10 millones de euros. De las 202 operaciones que ha desarrollado hasta el momento la SGR, 99 se han tramitado en el marco de esta línea, de las cuales se han aprobado 27 operaciones de préstamos, por importe total de 826.230 euros, a empresas y autónomos que dan empleo a 166 personas.

Análisis Forense

La SGR deberá contratar a un experto independiente un análisis forense, que será seleccionado en colaboración con el IVF entre firmas de reconocido prestigio, con el fin de analizar las operaciones de formalización de los avales prestados por la SGR cuya ejecución ha traído como consecuencia la situación que pretende paliar las medidas que implementa este decreto ley.

Todo ello con la finalidad de depurar, en su caso, las responsabilidades a que hubiere lugar.