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Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives

El Consell analiza el nuevo modelo básico de servicios sociales elaborado por Igualdad que apuesta por una remunicipalización de la atención base

23/06/2017
- Para 2017 la inversión en los servicios sociales municipales es de 36'3 millones de euros, lo que supone un incremento del 118% respecto a 2016
- Este incremento presupuestario dotará de una mayor financiación a los municipios para la contratación de profesionales pudiendo cuadriplicar la plantilla actual de los equipos base
- El objetivo es que los servicios sociales se incluyan como sistema de protección en la Comunitat junto al de educación, sanidad, vivienda y empleo
El Consell ha dado cuenta del informe elaborado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas relativo al nuevo modelo básico de servicios sociales implantado este año y que apuesta por la remunicipalización de los servicios sociales a través de la atención base.

El informe destaca la apuesta de la Vicepresidencia por el cambio de un modelo de servicios sociales desmantelado, burocrático y con una escasa inversión en programas de atención a los ciudadanos, por un sistema público digno donde el municipalismo sea el instrumento para fomentar políticas de proximidad y donde los equipos de base puedan trabajar desde la prevención con el objetivo de rescatar personas y ofrecer la atención social que por derecho les corresponde.

Por ello, el nuevo modelo se basa en una estructura que planifica, ordena y corrige la falta de gestión en esta área de las últimas legislaturas y contempla un incremento presupuestario que permitirá dotar de una mayor financiación a los municipios para la contratación de profesionales que formarán parte de los equipos multidisciplinares, pudiendo cuadriplicar la plantilla actual.

El incremento presupuestario que la conselleria ha destinado a los servicios sociales municipales este año y que alcanza el 118% respecto a 2016 es de 36'6 millones de euros.

Esta dotación económica recogida en los presupuestos, permite a los ayuntamientos aumentar las contrataciones de personal, pudiendo pasar de los 352 profesionales con los que se contaba hace dos años a los cerca de 1.400 que podrían formar parte de los equipos sociales municipales.

Falta de coordinación entre administraciones durante 20 años

Asimismo, en el documento presentado al Consell se denuncia la falta de coordinación existente entre las administraciones durante 20 años, con recursos subvencionados por tres instituciones distintas o la existencia de 118 aplicaciones informáticas diferentes, entre algunos ejemplos, lo que implicaba que cada ayuntamiento funcionara de manera distinta ofreciendo una atención a la ciudadanía en función del municipio de residencia.

En esta línea, se destacan también los recortes respecto a la ratio de profesionales del sistema de servicios sociales por el número de habitantes a atender, con una importante diferencia con otros sistemas como el sanitario o el de educación, en los que sí se tienen en cuenta el número de personas que debe atender cada profesional.

Red de profesionales dependiente de las entidades locales

Ante esta situación, la Conselleria de Igualdad ha diseñado un nuevo modelo que cuente con una red de profesionales, dependientes de las entidades locales, para la atención primaria de los problemas sociales, capaz de compaginar la proximidad a la ciudadanía con los recursos precisos para la cobertura de las necesidades sociales.

Para ello, se considera necesario crear equipos multidisciplinares con una rigurosa formación profesional, con el objetivo de que entre 2017-2019 todos los municipios y mancomunidades dispongan de un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social, un psicólogo o psicóloga, un asesor o asesora jurídica y un administrativo o administrativa.

Como resultado de estas medidas las ratios de profesionales por habitante pasarán de un profesional cada 12.742 habitantes en 2015, a uno por cada 8.770 en 2016, con la previsión de que finales de 2017 la cifra baje hasta uno cada 3.211 habitantes.

Además, el informe presentado hoy al Consell recoge también la escasa financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al Plan Concertado para las Prestaciones Básicas, que debería ser cofinanciado a partes iguales por el Ministerio, la administración autonómica y los ayuntamientos y la realidad es que la aportación estatal es del 17'4%, lo que obliga al Gobierno valenciano y a las entidades locales a asumir el resto.

Por último, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reitera su compromiso de seguir trabajando para que los sistemas de protección en la Comunitat sean el de educación, sanidad, vivienda, empleo y servicios sociales por igual.

Talls de veu relacionats

- Declaracions de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra