Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell modifica la Junta Superior de Contratación Administrativa, que asume funciones de análisis de evaluación y sostenibilidad financiera

02/08/2024
  • Estas nuevas funciones se justifican para lograr una mayor eficiencia en el gasto público
  • El ámbito de estas nuevas competencias será la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y las universidades públicas dependientes de la Generalitat

El Consell ha aprobado la modificación del Decreto 35/2018 por el que se regula la Junta Superior de Contratación Administrativa, el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, el Registro de contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana y la Central de Compras de la Generalitat.

Esta nueva atribución de competencias supone una mayor eficiencia en el gasto público, dado que los precios fijados por la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para los informes de sostenibilidad financiera conllevan un coste más elevado que la gestión que realiza la propia Generalitat, y además no tiene impacto presupuestario para la Administración autonómica.

Asimismo, con esta modificación, la Junta Superior de Contratación Administrativa asume competencias previstas en el artículo 333 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para realizar el análisis de evaluación y sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de servicios y concesiones de obras en los que haya aportación de la Administración.

Hasta este momento, esta competencia era ejercida por la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), dependiente del Ministerio de Hacienda, pero dado que la Junta Superior de Contratación Administrativa tiene experiencia en el estudio de estructura de costes de los contratos del sector público con derecho a revisión, así como en el análisis de su viabilidad económica y mantenimiento del equilibrio económico del contrato, se propone asignarle estas nuevas funciones.

El ámbito de estas nuevas competencias de la Junta Superior de Contratación Administrativa será la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y las universidades públicas dependientes de la Generalitat.